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La minuta fue devuelta al Senado por la Cámara de Diputados por la adición de un cuarto transitorio donde se especifica que no habrá aumentos presupuestarios por los efectos que genere la reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, un tema sobre el que este miércoles se discutió en comisiones de la cámara alta

La ampliación al precio único del libro de 18 a 36 meses sigue avanzando viento en popa en el Poder Legislativo. La tarde de este miércoles, las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, en la Cámara de Senadores, votaron de manera unánime a favor del proyecto de decreto para la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en esta materia.

Por esta razón, la iniciativa está lista para presentarse y votarse en el pleno de la Cámara Alta, y, en caso de aprobarse como tal, será cuestión de tiempo para que rinda los efectos constitucionales restantes y se formalice en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, hay un tema que despertó la curiosidad de algunos legisladores en la reunión de ambas comisiones, la tarde de este miércoles. Se trata de la adición de un artículo cuarto transitorio desde la Cámara de Diputados, la cámara revisora, por la que tuvo que devolverse al Senado para su visto bueno.

En ese cuarto transitorio se especifica: “las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales efectos”.

Al respecto, la senadora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado, explicó que este transitorio no tendría efecto sobre el objetivo primordial de la ley, dado que la ampliación del precio único a 36 meses será competencia de la industria editorial y no del sector público.

“Es de señalar que la figura del precio único no tiene costo fiscal alguno, pues es un acuerdo que se establece entre quienes participan en toda la cadena productiva a partir del precio fijado por editores o importadores del libro”, dijo Harp Iturribarría.

Al respecto, el senador José Narro Céspedes añadió: “en lo fundamental, no se modifica, ya se sabía, ya había la opinión de Hacienda a favor de que (esta reforma de ley) no tendría ningún impacto (presupuestal)”.

Pero sí se requiere de presupuesto público

Pese a la certeza de lo anterior, esta iniciativa, que en breve se votará en el pleno para finalmente volverse una ley, no solamente contempla la ampliación del precio único del libro a 36 meses, sino que también realiza modificaciones que corresponden al ejercicio de la gestión pública para el buen desarrollo de lo que mandata la ley.

“Es de señalar que la figura del precio único no tiene costo fiscal alguno, pues es un acuerdo que se establece entre quienes participan en toda la cadena productiva a partir del precio fijado por editores o importadores del libro”, dijo Harp Iturribarría.

Al respecto, el senador José Narro Céspedes añadió: “en lo fundamental, no se modifica, ya se sabía, ya había la opinión de Hacienda a favor de que (esta reforma de ley) no tendría ningún impacto (presupuestal)”.

Pero sí se requiere de presupuesto público

Pese a la certeza de lo anterior, esta iniciativa, que en breve se votará en el pleno para finalmente volverse una ley, no solamente contempla la ampliación del precio único del libro a 36 meses, sino que también realiza modificaciones que corresponden al ejercicio de la gestión pública para el buen desarrollo de lo que mandata la ley.

El proyecto también contempla la designación de la Secretaría de Cultura como autoridad responsable del registro de los precios del libro, la aplicación en lo que corresponda a las reglas del precio único del libro impreso y el libro electrónico equivalente, y, por último, la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el ámbito de su competencia respecto a la aplicación del precio único.

En particular, en el artículo 11 se contempla una reforma para designar a la Secretaría de Cultura federal como la responsable de elaborar y administrar el registro del precio único en el libro a partir de la información proporcionada por los editores e importadores.

Luego entonces, dicha labor, para llegar a buen puerto y garantizar una continuidad del trabajo y actualización constante sobre esa base de datos, que además deberá ser pública, se requiere de recursos públicos esenciales para la elaboración de un proyecto y la designación de personal capacitado que solvente esa base de datos, la administre y la mantenga actualizada, así como vigile el uso correcto de la información y son apego a la ley. Se trata, pues, de una obligación designada dentro de esta iniciativa que sí requerirá de presupuesto.

Ahora bien, esa limitación presupuestal está vertida dentro de un artículo transitorio, es decir, una disposición sobre la ley para regir una situación temporal, durante el proceso anterior a la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación, por lo que este transitorio no quedará reflejado en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en caso de aprobarse como tal. Pero sí es necesario indicar que, para tener buenos resultados a partir de lo que mande esta reforma de ley, deberá haber voluntad presupuestal para que la Secretaría de Cultura pueda cumplir con su nueva obligación sin descuidar otras responsabilidades, o, peor aún, tienda a omitir la obligación por falta de presupuesto.

Hay otras medidas para ayudar a los libreros

Durante esta reunión, el senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, expresó su desacuerdo con que la medida de establecer el precio único sea la solución para el conflicto de disparidad en el mercado del libro, y calificó la medida como simplista.

Al respecto, la presidente de la Comisión de Cultura respondió: “es que no es nada más para el sector, es también para los lectores. La intención es que a las librerías pequeñas no se las coman estas grandes librerías que sí logran poner un pie a los editores en el cuello para que les den un gran descuento, con el que las librerías pequeñas jamás van a poder competir. Se ha cerrado un enorme número de librerías pequeñas a nivel nacional. Entonces, precio único no es precio fijo”.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, coincidió e instó a dar seguimiento “para ver qué tan efectiva resulta la medida para ayudar a las librerías pequeñas”. Y se instó a considerar otras medidas que puedan ayudar al gremio librero.

A partir de esta discusión, es necesario recordar que existen otras urgencias en las que el gremio del libro ha insistido desde hace varios años y que no han sido consideradas por el legislativo: la aprobación de la tasa cero en el IVA para librerías, dado que esta exención ayudaría a un ecosistema librero más diverso, próspero y permitiría establecer precios mucho más accesibles para el consumidor de libros, más allá de las novedades que se rijan dentro del precio único del libro.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx