Caniem refrenda su apoyo a la Ley del Libro

La palabra escrita es, por mucho, la más grande victoria de las sociedades frente a la barbarie. Preservarla, promoverla y difundirla es una responsabilidad de esas sociedades, fundamentalmente de los Estados nacionales que aspiran a ser democráticos. La libertad de expresión y la libertad de publicación, como derechos humanos, están sobre cualquier restricción que cualquiera quisiera imponer.

El acceso a la cultura escrita se logra mediante la lectura, que es uno de los derechos fundamentales del ser humano, derecho que le permite decodificar lo que los otros, por escrito, tengan que decirle por medio del libro en todas sus expresiones: libros, publicaciones periódicas, diarios, en todos sus formatos.

La gran responsabilidad de la industria editorial estriba en llevar a todos los rincones del país y del mundo, el pensamiento, la palabra escrita. Sin embargo, para que eso suceda es necesario contar con los instrumentos normativos que den impulso a la implementación de acciones en la cadena productiva del libro.

Sin duda, el libro, en cualquiera de sus soportes, papel o digital, es el fundamento de la educación y la cultura de un país. Las encuestas de lectura no reflejan lo que la realidad hace evidente: la falta de recursos económicos para el desarrollo de las bibliotecas públicas y universitarias. Se requiere de un gran esfuerzo para convertir esos espacios en verdaderos centros de desarrollo cultural; se requiere dotarlas de libros, de toda clase de libros, de una muy amplia oferta de lectura. Se requiere de inversión. Se requiere de un gran esfuerzo de educación y de cultura para que los niños no se pierdan más adelante por la falta de espacios de lectura, de acceso a los libros y no sólo de bibliotecas.

Todo eso está alrededor de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que entró en vigor el 25 de julio de 2008, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En la exposición de motivos que los legisladores presentaron para la discusión y aprobación de la Ley, se señaló que:

“Es urgente que la población incremente sus índices de lectura, que mejore y consolide su capacidad de comprensión, asimilación y aprovechamiento de lo que lee. México sigue siendo un país con bajísimos índices de lectura y nuestra red de librerías es una de las más raquíticas del continente, además de que hay vastas regiones del territorio nacional que carecen por completo de acceso al libro”.

“En las últimas décadas, México ha vivido un retroceso en estos terrenos pues el número total de librerías se ha reducido drásticamente, con lo que los enormes esfuerzos públicos y privados para fomentar la lectura y propiciar el encuentro con los libros corren el peligro de desperdiciarse, con la consecuente pérdida de la valoración social del libro”.

Este diagnóstico, realizado hace casi diez años y que dio paso a nuestra Ley, sigue siendo muy preciso y en un franco deterioro, por lo que se requiere de la acción plena de la misma para sobrepasar la situación.

Por eso es importante que hoy estemos aquí, para hablar sobre las diversas reformas a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. No entraré al detalle de cada una de las seis iniciativas presentadas ante la comisión de Cultura, pero sí me permito señalar que hay temas básicos que el instrumento normativo propone que no han sido abordados de manera más amplia.

La misma Ley, lo mismo que el reglamento respectivo, contienen una serie de artículos que propiciarían el desarrollo de la lectura y del libro (artículo 4, fracciones I a VIII; artículos 6, 7, 8, 9 y en particular el artículo 10, fracciones I a VIII y el artículo 11, en todas sus fracciones), además de que una serie de acciones permitiría que los precios de los libros sean más reducidos, entre otros, con el impulso a los diversos actores de la cadena del libro.

La necesidad de establecer programas de promoción de la lectura, de profesionalización de los actores de la cadena del libro, además de la implementación de bibliotecas de aula, escolares, de bibliotecas públicas y desarrollar librerías, son temas que la ley contempla. Dotar de presupuestos a estos programas es algo indispensable para la vigencia plena de la Ley en comento.

Sin embargo, tenemos conocimiento, aunque no ha llegado a la Comisión de Cultura, de una iniciativa más que propone modificaciones al artículo 26 de la Ley (nuevamente sobre el precio único) y que no contempla la situación real de la industria, de la comercialización de sus productos, los libros, y sobre la base de un dudoso beneficio para los sectores más desprotegidos.

En general podemos decir que la propuesta consiste en reducir a doce meses la vigencia del precio único y, desde nuestro punto de vista, consideramos parte “de un profundo desconocimiento de los mecanismos de distribución y colocación del libro al alcance del lector. Reducir el tiempo de vigencia del precio único de 18 a 12 meses, implica reducir en una tercera parte la oportunidad de que se distribuyan los libros en las regiones más alejadas de los centros editoriales. Estados como Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y de manera muy especial Baja California, por sólo mencionar algunos, verían drásticamente reducido su abasto de novedades ya que doce meses son insuficientes para distribuirlas y comercializarlas de modo que resulte recuperable la inversión de enviarlas y tenerlas en exhibición, tanto para los libreros como por los editores”.

Al mismo tiempo, la iniciativa propone un párrafo adicional al mencionado artículo para beneficiar a las entidades paraestatales y universidades públicas con autonomía, para que puedan aplicar descuentos inferiores al precio de venta mencionado en el artículo 22 de esta Ley, cuando su propósito sea apoyar la investigación y las labores docentes. Esta propuesta hace evidente el desconocimiento de los mecanismos de determinación del precio de venta al público, prerrogativa siempre del editor (señalado en el mencionado artículo 22) y, por tanto, el editor; en este caso, esas entidades pueden variar los precios de sus libros si así lo requieren, en toda la cadena de comercialización beneficiando a todos los consumidores y no sólo a un sector.

Nos preocupa que la atención al texto de la Ley se vea constreñida a lo que señalan los artículos 21 a 26, cuando, por el contrario, es de considerarse que la ley debe cumplir a cabalidad los conceptos enunciados para el fortalecimiento de la cadena productiva del libro.

Si en verdad queremos darle impulso a esta Ley, entonces deberíamos de atender a los elementos que coadyuven al fortalecimiento del proceso de comercialización a través del canal natural, las librerías.
Un país con la extensión territorial y la población de México debería ofrecer una buena oportunidad para el negocio del libro; sin embargo, las mismas deficiencias estructurales que afectan a otros sectores económicos también afligen al del libro y dificultan la inversión para nuevas librerías y la sobrevivencia de las existentes.

En resumen, no alcanzamos a distinguir algún beneficio social en la reforma propuesta en dicha iniciativa y sí, en cambio, nos preocupa que pueda convertirse en una limitante para los beneficios que la Ley consigna.

En el texto de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se señala que se apoyará la formación y apertura de librerías. En la realidad esto no ha sucedido. Las librerías enfrentan graves problemas de modernización y actualización de sus estrategias comerciales. Ante la llegada de nuevos participantes y de nuevos modelos en la comercialización de contenidos, es fundamental apoyar a las librerías para que tengan las herramientas para competir en igualdad de circunstancias.

El librero forma parte del desarrollo cultural de los países. Su función no se reduce a la venta en sí del libro: un librero es sobre todo un prescriptor y realiza una función de centro de atracción cultural; a su alrededor se genera una actividad cultural de primer orden.

Las cifras sobre la cantidad de librerías existentes en el país varían según la metodología que cada quién determine. Para la CANIEM, en la última encuesta, realizada en 2014, existían un total de mil 204 establecimientos, que acumularon más de 217 mil metros de superficie.

De los mil 204 puntos de venta, 31% se encontraban en Ciudad de México, mientras que en los estados de Jalisco y de México se acumuló 7.8% y 7.4%, de los establecimientos, respectivamente.

Según estos datos, hay una carencia casi total de librerías en la mayor parte de las entidades federativas. No podemos suponer políticas públicas de fomento de la lectura que no tomen en cuenta incentivar la apertura de establecimientos en toda la República.

Lo que debe quedar claro es que no es con una política de descuentos como se incentiva la lectura ni el comercio del libro. Se requiere, como prioridad, de políticas públicas que a la vez que incentivan la lectura y el desarrollo de habilidades lectoras, propicia el desarrollo de una industria editorial fuerte, de amplia bibliodiversidad y que cuente para el logro del propósito común con puntos de comercialización; es decir, librerías, sobre todo.

Todo ello, por supuesto por una simple razón: el desarrollo y fortalecimiento de la cultura. La palabra escrita es lo que nos hace distintos en nuestro intercambio con los diversos países del mundo; el conocimiento de nuestra cultura y su promoción se basa en el reconocimiento de las industrias culturales, y entre ellas el reconocimiento del papel estratégico que juega la lectura y, por tanto, la industria editorial es fundamental. Fortalezcamos la Ley, desarrollemos todas sus potencialidades.

Comparecencia de Carlos Anaya Rosique en la audiencia pública de la Comisión de Cultura del Senado de la República
Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2017