Audiencia Publica Ley del Libro 1

En México no existe un uso de suelo establecido para la creación de librerías ni un régimen fiscal que favorezca su operación. Es más, hoy una librería paga más impuestos que una vinatería, una zapatería o una farmacia, por lo que es urgente modificar su régimen fiscal y pase de exento a IVA tasa cero.

Aunado a esto, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro debería ser reformada radicalmente para ampliar la vigencia del precio único del libro en hasta 24 meses, con una aplicación efectiva; proponer la modificación del régimen de precios inflados en un panorama en el que nuestro país cuenta con un sistema raquítico de librerías y el peor índice de librerías per cápita del continente, además de alinear al libro electrónico a las reglas del precio único.

Así lo señalaron editores como Marcelo Uribe, Alberto Ruy Sánchez, Joaquín Díez-Canedo, Rodrigo Pérez Porrúa, Miguel Ángel Porrúa y Carlos Anaya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, durante la audiencia pública "Hacia la reforma de diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro", convocada por la Comisión de Cultura del Senado, para integrar un dictamen que será presentado ante el Pleno entre enero y febrero de 2018, a partir de las siete iniciativas que dicha comisión recibió.

El siguiente paso será la integración de los comentarios vertidos en dicha audiencia y desembocará en la elaboración de un dictamen que será afinado en las próximas cuatro semanas, con funcionarios de las secretarías de Hacienda, Economía y de Cultura, para preparar el documento que será turnado a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, para que pueda ser firmado en febrero de 2018. En caso contrario, se dijo, tendría que ser turnado a la siguiente legislatura.

El primero en hablar fue Alberto Ruy Sánchez, editor de Arfes de México, quien recordó que la ley del libro en México nunca ha sido realmente aplicada, por lo que no puede ser juzgada por sus resultados, ya que fue boicoteada desde su origen. Lamentó que en México el eje de los problemas en este mercado se nutra del régimen de precios inflados, una de las mayores imperfecciones del mercado editorial, mediante la aplicación de falsos descuentos en la venta de libros, con lo que "se incentiva la práctica del régimen de precios inflados creyendo que se da a los lectores mayor acceso a los libros mediante descuentos falsos, cuando se hace lo contrario".

Aclaró que los libros no son zapatos ni salchichas y que el precio único es un galicismo que no significa "precio controlado", sino el precio más bajo posible, y afirmó que La ley de Fomento a la Lectura en México, con su precio único, "no está en contra de los precios más bajos, del comercio electrónico ni en contra de los descuentos, sino en contra de los descuentos sobre precios rutinaria y subrepticiamente inflados por la inercia viciosa de la industria, lo cual incluye a la industria del comercio electrónico".

Y recordó que, por el bien de los lectores, las librerías grandes y las pequeñas deben tener igualdad de condiciones en sus costos de transacción, por lo que no se debe recortar aún más el periodo correspondiente al precio único, a fin de no boicotear su efectividad a mediano y corto plazo.

Y cerró: "Deberíamos estar avergonzados de perder tiempo en iniciativas que son nuevas trabas y prácticas entorpecedoras, en lugar de discutir la estrategia para convertirnos en la economía editorial más grande del mundo hispano".

En su oportunidad, Carlos Anaya Rosique reconoció que "las encuestas de lectura no reflejan lo que la realidad hace evidente: la falta de recursos económicos para el desarrollo de bibliotecas públicas y universitarias y salas de lectura".

Y aseguró que México no sólo es un país con bajísimos índices de lectura, sino que "nuestra red de librerías es una de las más raquíticas del continente, sin dejar de lado que hay vastas regiones del territorio que carecen por completo de acceso al libro".

Incluso afirmó que, en las últimas décadas, México ha vivido un retroceso en estos terrenos, "pues el número total de librerías se ha reducido drásticamente, con lo que los enormes esfuerzos públicos y privados para fomentar la lectura corren el peligro de que desaparezcan".

En cuanto a las modificaciones al artículo 26 de la ley del precio único, integrada por un grupo de senadores a partir de información falsa y del dudoso beneficio para los sectores más desprotegidos, que propone la reducción de 18 a 12 meses para la vigencia del precio único, dijo que esta propuesta sólo demuestra "el profundo desconocimiento de los mecanismos de distribución del libro", "dado que esta modificación impediría la distribución de los libros en las regiones más alejadas de los centros editoriales".

Más tarde Rodrigo Pérez Porrúa, presidente de la Asociación Nacional de Librerías, exigió a los senadores que solucionen el panorama que enfrenta la creación de librerías en México, como el hecho de que no existe un uso de suelo para librerías, porque "es increíble que exista (uso de suelo) para papelería y bares, pero no para librerías. Además, cuando uno logra abrir la librería... se nos castiga bajo un régimen fiscal injusto, en el sentido de que como librerías pagamos más impuestos que una vinatería".

Y esto se contradice "con los derechos básicos que tenemos los mexicanos en educación, salud y alimentación, luego de que el gobierno estableciera que los principales productos que formaran estas áreas tuvieran una tasa cero. Pero, en el caso de las librerías, se les olvidó que existimos".

La audiencia, en la que también participaron funcionarios de Educal, la Dirección de Publicaciones y la red de Bibliotecas, fue encabezada por Gerardo Sánchez, presidente de la Comisión de Cultura del Senado, y Sandra Luz García, secretaria de la Comisión de Cultura.

* Con información de Excelsior